JACHA CARANGAS

LA GENTE RESPONDIO AL CENSO,PERO HUBO DESORGANIZACION Y CONFLICTOS

Operativo. El presidente Morales destacó la disciplina y el compromiso del pueblo

La falta de papeletas, los conflictos por límites, la desorientación de  los empadronadores y el forzado retorno de los residentes a sus comunidades marcaron el Censo 2012 que se realizó ayer con una gran participación de la gente.  Después de 11 años, los bolivianos se tomaron una fotografía que brindará los datos de población, situación social, económica y educativa del país. La ciudadanía respondió con disciplina y participación, pero el operativo tropezó con fallas en la organización y previsión de conflictos.

Al final de la jornada de ayer, el presidente Evo Morales calificó la actividad censal como exitosa por “la impresionante participación del pueblo boliviano y por el compromiso de los empadronadores, porque los datos del censo servirán para planificar su futuro”.

Reconoció que hubo problemas en Tablas Monte, Chapare; y Sachuri, norte de Potosí, donde los pobladores no aceptaron el censo por problemas limítrofes derivados de la cartografía. “Esperamos que los problemas se resuelvan hasta el viernes, según la ministra Caro”, aseguró anoche. En cuanto a los infractores, en todo el país se registró 1.927 detenciones por incumplir los auto de buen gobierno. Además, se retuvo 1.240 vehículos.

Los conflictos por límites pusieron en aprietos a los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE), responsable del operativo. En la provincia O´Connor de Tarija, de Tarija, recién al mediodía se permitió la realización de la encuesta, tras un reclamo por límites. Lo mismo pasó con la comunidad El Tinto, en Pailón, Santa Cruz, cuyos habitantes bloquearon la vía por un conflicto limítrofe en la zona.

En tanto, en Yucumo, Beni, se denunció la retención y secuestro de una brigada de encuestadores por problemas de límites entre dos comunidades, lo que fue resuelto en la tarde, según el Ministerio de Planificación.

Boletas. La falta de previsión en cuanto a la distribución de las boletas censales fue otro problema que se registró ayer. En zonas como Pacata Alta y Quillacollo, en Cochabamba; San Pedro de Tiquina, Caranavi, Teoponte, Mapiri y Jichupata, Patacamaya, en La Paz; y en las provincias Nor y Sur Cinti, Valle Hermoso y Banda Centro, de Chuquisaca, se denunció que no recibieron la cantidad requerida de boletas censales.

Hasta las 21.00 continuaba el operativo en las zonas que reclamaron más boletas. El presidente Morales pidió a la gente que aguardará hasta la noche para recibir el material, aunque aclaró que en varias zonas dispersas, el empadronamiento durará hasta este viernes.

Similar problema se presentó en algunos municipios de Potosí, Tarija, y Oruro. En Pando, el gobernador Luis Flores informó que faltaban 2.000 boletas en el departamento, principalmente para el área rural.

La ministra de Planificación, Viviana Caro, responsable gubernamental del proceso censal, aseguró que el problema de la falta de las boletas se debió a la confusión de las autoridades y que fue subsanado con el envío del material. “Una boleta es para una vivienda, cada una de ellas alcanza hasta para ocho personas y cada empadronador tiene ocho boletas y puede censar hasta 160 personas”, explicó en la tarde.

El director del INE, Ricardo Laruta, dijo que el inconveniente se debió a  la distancia y el tiempo, que no les permitió cumplir con el horario establecido inicialmente para la distribución del material censal, pero aseguró que el envió se completaría en el transcurso del día.

Según el INE, el número de cartillas fue calculado con base en los datos de la actualización cartográfica que se realizó hasta meses antes del evento, pero ayer hubo solicitudes de más papeletas, desde lugares tan distantes como Caranavi y Patacamaya, de La Paz; Cobija, Pando; y Nor Cinti, Chuquisaca.

Improvisación. La confusión y poca preparación en el llenado de las boletas de parte los empadronadores fueron otros inconvenientes resaltados por los censados. La Razón entrevistó a empadronadores y censados en La Paz sobre los problemas que se presentaron en la encuesta. La coincidencia fue que la capacitación no fue la suficiente para entender las 49 preguntas de la boleta (ante la premura de captar a más voluntarios, se redujo el tiempo de enseñanza de dos días hasta cuatro horas).

La principal confusión estuvo referida a la pregunta 29, sobre la pertenencia a una nación o pueblo originario, en la que los encuestadores  leyeron las 36 opciones, cuando estaba establecido no dar a conocer las alternativas.

En San Pedro hubo casos en los que los encuestadores no conocían los límites de la pregunta 29. “Respondí que no pertenezco a un pueblo originario y la empadronadora me dijo que como boliviano tengo que pertenecer a uno, o que me autoidentifique como paceño. Seguramente la muchacha no entendió bien en la capacitación”, expresó René Castellón, vecino de la zona.

Otra duda surgió al momento de decidir quién era el jefe o jefa de hogar, o las preguntas a los mayores de cuatro años o a las mujeres de más de 15 años. Todas las preguntas eran formuladas al jefe o mayor de la familia.

En la zona de Villa Fátima, los censadores pidieron “obligatoriamente” el nombre completo de la persona para la cartilla, pese a que en varias oportunidades las autoridades del INE y la ministra Caro aseguraron que sólo se debía proporcionar un nombre.

Caro explicó que la carga horaria para cada censador era de 20 viviendas en el área rural, pero en algunos casos no fue así. En el barrio de Los Pinos,  un empadronador tenía 35 viviendas a su cargo, debido a que algunas personas no se presentaron para el trabajo.

En la zona censal de San Jorge, los padres de familia de un colegio particular denunciaron que los funcionarios del INE obligaron a los estudiantes empadronadores a quedarse en la oficina, hasta arreglar los errores que habían cometido en el llenado de las carillas censales. En otro caso hubo empadronadores que censaron a personas en terrenos baldíos como “viviendas en construcción o reparación”, en los distritos 8 y 12 de El Alto, por presiones de  las autoridades y organizaciones sociales.